La economía social se escucha en la ONU: resolución impulsada por España

Nuevo capítulo en la historia de la economía social. El 18 de abril de 2023, durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de Nueva York se adoptó la primera resolución sobre economía social y solidaria de la historia.

España fue uno de los principales impulsores de la medida y estuvo encargado de defenderla en el plano. "Esta pionera resolución ofrece las herramientas para encarar los grandes desafíos que la humanidad tiene ante sí. La reducción de las desigualdades y la protección del Medio Ambiente", aseguró la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, en la Asamblea General de la ONU.

España ha contado en esta iniciativa con el apoyo de Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, Eslovenia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Mongolia, Portugal, República Dominicana y Senegal.

La resolución se aprobó bajo la premisa de “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”. El documento recoge la definición oficial de economía social, que se adoptó en 2022 en la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que se describe como un modelo alternativo con capacidad de generar empleo de calidad.

¿Qué cambia la resolución de la ONU sobre economía social?

A efectos prácticos, la resolución insta a los Estados miembros a incorporar la Economía Social en sus planes nacionales e insta a las organizaciones internacionales y a los organismos financieros a impulsarla y reforzarla.

En este documento, la ONU pone negro sobre blanco que la economía social es un motor para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y su adaptación en el contexto local. Según la ONU, son un actor fundamental para impulsar aquellos relacionados con:

• Empleo y el trabajo decente.
• Prestación de servicios sociales, como los relacionados con la salud y la atención, la educación y la formación profesional.
• La protección del medio ambiente, incluso mediante el fomento de prácticas económicas sostenibles. 
• La promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
• El acceso a una financiación asequible y el desarrollo económico local. 
• El fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas en situaciones vulnerables. 
• La promoción del diálogo social, los derechos laborales y la protección 
• El crecimiento inclusivo y sostenible. 
• La creación de alianzas y redes a nivel local, nacional, regional e internacional. 
• La promoción de la gobernanza y la formulación de políticas participativas y de todos los derechos humanos.