Debate sobre colaboración público privada

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08.05.2015

Debate sobre colaboración público privada

«Es necesario realizar una intensa labor de concienciación para que la sociedad entienda qué es exactamente la colaboración público-privada y se dé cuenta de que es buena para el contribuyente».

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Ésta es una de las conclusiones de la mesa de debate sobre colaboración público-privada que se celebró en el marco del Foro Servimedia Comunicación y que contó con la participación de José Carlos Guisado, CEO de la Fundación Espriu; Ángel Puente, presidente del Círculo de la Sanidad; Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de la Fundación Edad y Vida; Juan Díez de los Ríos, presidente de la patronal de empresas de limpieza Aspel; Gerardo Sánchez Revenga, presidente de la Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas, Aesmide; y Pilar Mairal, investigadora del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid.

Todos ellos han coincidido en la necesidad de hacer un esfuerzo de pedagogía para trasladar a la sociedad la verdadera realidad de la colaboración público-privada y evitar la visión “excesivamente politizada” que llega en la actualidad.

José Carlos Guisado expuso el largo recorrido que algunas de las instituciones de la Fundación Espriu han hecho en el terreno de la colaboración público-privada, tanto a través del denominado mutualismo administrativo, como en las más recientes concesiones hospitalarias de las comunidades valenciana y madrileña. También enfatizó el valor añadido que esta colaboración tiene tanto para los profesionales como para los usuarios, especialmente en el caso de las cooperativas, remarcando su carácter de entidades no públicas pero de carácter social.

«El debate sobre la colaboración público-privada está demasiado ideologizado, se limita a la controversia entre externalizar o no servicios, y es mucho más que eso», ha planteado la profesora Pilar Mairal. «Hay alianzas estratégicas entre dos o más entidades colaboradoras, con o sin fines lucrativos, liderazgos colaborativos para impulsar la innovación…y tampoco se limitan a la provisión de bienes y servicios también, por ejemplo, a intercambios de conocimiento».

En opinión de Eduardo Rodríguez Rovira, esa politización del debate ha generado un estado de opinión que exige «un rearme moral» por parte del tejido empresarial que contrata con la Administración para atreverse a meter en el debate público el asunto de la colaboración público-privada y que no termine convirtiéndose «en un tema tabú».

Para Ángel Puente, la colaboración entre la Administración y la iniciativa privada es necesaria si se quiere garantizar la sostenibilidad del actual nivel de servicios públicos, pero para que su desarrollo sea lo más eficiente posible la Administración debe hacer un ejercicio de análisis para identificar en qué ámbitos es más necesaria.

En la mesa también se valoró el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ya ha sometido al visto bueno del Consejo de Ministros y que ahora se encuentra en fase de información pública. En este sentido, José Carlos Guisado afirmó que se tendría que definir con claridad el concepto de colaboración público privada en el nuevo texto legal para evitar interpretaciones perniciosas y equilibrar un poco más la relación entre Administración y empresas privadas en los contratos de colaboración.

Los participantes han coincidido, como conclusión, que la reivindicación de este modelo de alianzas público-privadas no es ningún exotismo y que, bien al contrario, es una tendencia que se está dando en toda Europa y que tarde o temprano acabará arraigando en España. “Cuando hablamos de colaboración público-privada no somos un especie de burbuja extraña, es algo de lo que se lleva hablando en toda Europa durante años y que cada vez está más presente en las tendencias normativas de los principales países europeos”, ha remachado José Carlos Guisado.

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